Voy a intentar resumir mi postura con respecto al «conflicto catalán». No pretendo demostrar exhaustivamente ninguna de mis conclusiones, sino tan sólo exponerlas con claridad para que no se tergiversen:
1. Soy antinacionalista. El nacionalismo me parece un atavismo colectivista incompatible con el liberalismo. El liberalismo cree en derechos individuales de carácter universal; el nacionalismo sujeta los derechos a la pertenencia al grupo nacional.
2. Precisamente porque soy antinacionalista rechazo los Estados basados en naciones. Eso afecta tanto al futurible Estado catalán como al presente Estado español.
3. Una de las manifestaciones básicas de la libertad es la libertad de asociación y desasociación. En la medida de lo posible, esa libertad de asociación ha de trasladarse a la conformación de comunidades políticas de libre adhesión. Es decir, una persona ni debe permanecer en una comunidad política a la que no desea permanecer ni debe ser forzada a integrar una comunidad política que tampoco desea integrar.
4. Crear nuevas comunidades políticas no es nada sencillo. Existen problemas vinculados a la transición (cómo reorganizamos las instituciones para mantener la previsibilidad jurídica y cómo repartimos los costes de la transición) y a su funcionalidad (no cualquier tamaño de la comunidad política sirve para prestar los servicios que se esperan de ella). Eso no significa que no debamos tratar de habilitar un procedimiento transparente, claro, reglado y garantista para que los individuos que así lo deseen, y cuando sea técnicamente factible, abandonen una determinada comunidad política y conformen otra. Por buscar una analogía: que eliminar totalmente los impuestos no resultara factible no significaría que no debamos reducirlos tanto como sí sea posible.
5. Los contratos y los derechos de propiedad sólo pueden limitar el derecho de asociación y desasociación cuando esos contratos y esa propiedad tienen un origen legítimo. Los contratos son legítimos cuando los he suscrito en mi nombre y voluntariamente. La propiedad es legítima cuando surge de la ocupación pacífica de una res nullius, cuando ha sido consolidada pacíficamente y de buena fe mediante la usucapión o cuando procede de una compraventa de origen legítimo. Ninguna de las constituciones ni de las propiedades públicas de los Estados modernos ha surgido de ese modo, de manera que no cabe apelar a ellas para limitar jurídicamente el derecho de asociación y desasociación política.
6. Conformar nuevas comunidades políticas no es ni abortar la globalización ni defender la fragmentación absoluta de toda comunidad política. Las comunidades políticas de reducido tamaño pueden abrirse al exterior, abrazando la globalización. Asimismo, las comunidades políticas de reducido tamaño pueden mancomunarse para prestar más eficientemente aquellos servicios colectivos que se presten mejor a una escala mayor.
7. El secesionismo catalán es un secesionismo mayoritariamente nacionalista y, por tanto, antiliberal. Pero gran parte del unionismo español también es un unionismo mayoritariamente nacionalista y, por tanto, antiliberal. Es verdad que el nacionalismo catalán ha sido durante los últimos 40 años más agresivamente activista que el nacionalismo español, pero sólo porque el nacionalismo español ya tenía su Estado, mientras que el nacionalismo catalán quería construir el suyo. Estos días estamos viendo cómo al nacionalismo español no se le caen los anillos a la hora de decomisar publicaciones, cerrar páginas web, suspender autonomía política, amenazar con inhabilitaciones, etc. Por tanto, el debate unión/separación se plantea sobre todo en términos de lealtades nacionales (de soberanías nacionales) y no derechos individuales y de factibilidad de organizaciones políticas alternativas. Lo cual no debería impedir que los liberales se pronuncien sobre cuál sería la solución liberal a este conflicto: claro que podemos ser instrumentados por unos o por otros, pero no por ello hay que dejar de plantear soluciones.
8. ¿Cuál es la solución? Primero, regular el derecho de separación para volverlo tan cercano al individuo como sea factible. Eso incluye la posibilidad de que provincias, municipios o barrios catalanes puedan votar permanecer en España dentro de una Cataluña independiente (enclaves). Segundo, clarificar el reparto de los costes de la separación: la secesión no es gratis y gran parte del coste debe cargarlo aquella parte que desee iniciar los trámites de separación. Tercero, condicionar la separación a que las nuevas comunidades políticas respeten los derechos de las minorías que se encuentren enclavadas en ellas (derechos extraterritoriales). Y cuarto, hacer mucha pedagogía antinacionalista en ambos frentes nacionalistas: ni tenemos que enemistarnos por vivir en comunidades políticas diferenciadas ni quienes quieran vivir en una misma comunidad política por razones de funcionalidad son enemigos del «pueblo».
9. El procés es una chapuza, tanto por haber sido impulsado unilateralmente sin todas las cautelas democráticas cuanto por estar siendo saboteado por el Estado español. No creo que nadie vea el desarrollo del procés como ejemplar o deseable para ninguna de las partes. De ahí que el procés deba carecer de efectos jurídicos, pero únicamente a cambio de iniciar sin dilaciones una amplia reforma institucional que permita una separación garantista de quienes no deseen permanecer en España. Sin esa perspectiva de reforma institucional, es evidente que la única respuesta que se está dejando a los independentistas de buena fe es la rebelión. Y la rebelión es siempre un fracaso del ordenamiento jurídico vigente.
10. En definitiva, el conflicto catalán debe llevarnos a reflexionar sobre cuál queremos que sea la relación Estado-nación-individuo en el largo plazo. ¿Es el individuo quien tiene derechos frente al Estado o frente a la nación o es el Estado o la nación quienes tienen derechos sobre el individuo? Personalmente lo tengo muy claro: es el individuo quien tiene derechos frente al grupo (llámese nación o clase social) y frente al brazo armado de ese grupo (Estado). Una cosa es que el individuo necesite vivir en comunidad para defender sus derechos: otra que esa necesidad de vivir en comunidad constituya una salvoconducto moral para que la comunidad pueda doblegar cómo desee al individuo. La comunidad debe ser un instrumento para garantizar los derechos individuales, no para socavarlos. Y, por eso, una comunidad verdaderamente garantista de esos derechos individuales también debería preocuparse por respetar, tanto como sea posible, el derecho de asociación y desasociación de los individuos.
