Subir los impuestos para descapitalizar la economía

Acaso la peor parte de esa injusta, traicionera, innecesaria y dañina subida de impuestos perpetrada por el Partido Popular ha sido el brutal ataque contra el ahorro de los españoles. Los gravámenes sobre las rentas del capital, que hasta 2007 se ubicaban en el 15% del rendimiento obtenido, se han incrementado al 27% para aquellas ganancias por encima de 24.000 euros. Así, un español con unos rendimientos de 50.000 euros anuales pagará, tras el rejonazo fiscal de Rajoy, un 70% más de impuestos que en 2006 (y un 25% más de los que habría pagado en 2011).
En apenas cinco años, el atractivo de ahorrar e invertir en España se ha desplomado: primero, muchas de nuestras compañías han dejado de generar valor para el consumidor, lo que a su vez les impide remunerar adecuadamente a sus accionistas y bonistas de acuerdo con el riesgo asumido; segundo, los riesgos de inmovilizar el capital en nuestro país son cada vez mayores, pues nuestra eventual salida del euro ha dejado de ser una excentricidad propia de catastrofistas para pasar a ser una certera amenaza; y tercero, los políticos –Zapatero primero y Rajoy después– se han empeñado en penalizar por la vía tributaria los deficientes rendimientos de esas inversiones.
En conjunto, pues, a los ciudadanos españoles y extranjeros les va resultando cada vez menos atractivo dirigir su ahorro a financiar a nuestras empresas. Obviamente, para quienes estén obsesionados con que la salida de la crisis pasa por un muy sustancial aumento del consumo, esto representará una excelente noticia: cuanto menos interesante resulte ahorrar, más tenderá a dilapidarse nuestra riqueza en el consumo. El propio Gobierno, por boca del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, justificó la progresividad de la subida de impuestos en su deseo de afectar al consumo tan poco como fuera posible (lo que, por simetría, significa que busca descargar sobre el ahorro todos los efectos de su sablazo fiscal).
Para quienes, por el contrario, entienden que España tiene un problema de sobreendeudamiento y de un aparato productivo infracapitalizado, la noticia no puede ser más negativa. En un contexto de credit crunch en el que la destrucción del crédito debería compensarse con un aumento de los fondos propios de nuestras familias y empresas (o, en todo caso, con una refinanciación de los vencimientos de su deuda), desalentar la inversión en acciones o bonos equivale a pegarse un tiro en el pie.
Sorprende, a la par que preocupa, el hecho de que nuestros gobernantes sean estrechos de entendederas como para iniciar una cruzada contra el ahorro en un momento tan crítico como el actual. Si hasta el momento el capital ya no fluía hacia nuestra economía, mucho menos lo hará a partir de ahora. Tal vez se nos diga que el objetivo prioritario del PP es el de reducir el déficit para minimizar nuestro riesgo de salida del euro, pero desconfíen de semejante argumento: la recaudación estimada de esta salvaje decisión apenas alcanza los 1.200 millones de euros… una cantidad ligeramente inferior a la que Gestha estima que dejará de recaudarse en los próximos años como consecuencia de la reintroducción de la deducción por compra de vivienda habitual.
No se me malinterprete: en contra del manido discurso socialista, la deducción a la vivienda no me parece una mala idea, pues constituye una vía por la que proteger parte de nuestros ahorros de la voracidad fiscal del Gobierno. Ahora bien, lo que no tiene ningún sentido económico es que, con tal de compensar la pérdida de ingresos por esa partida, se proceda al saqueo sin cuartel de todos los otros capitales patrios. Al PP no le importa que efectuemos una asignación lo más eficiente y rentable posible de nuestro capital que redunde en beneficio del conjunto de la economía –en cuyo caso habría mejorado la tributación de todo el ahorro–, sino que ese capital lo destinemos de manera casi forzosa a descargar las pésimas inversiones inmobiliarias de bancos y promotores inmobiliarios: descapitalizar a la práctica totalidad del tejido productivo a costa de capitalizar marginalmente a su porción más debilitada.
¿No habría sido mejor, por ejemplo, reducir la tributación sobre el capital y reintroducir la deducción a la compra de vivienda? Sin duda, pero ello habría obligado a recortar el gasto en otras partidas mucho más necesarias para nuestro bienestar. Verbigracia, el presupuesto del Ministerio de Cultura para 2011 fue de 1.300 millones de euros, cien millones más de lo que se espera recaudar masacrando al ahorrador. Pero, ¿qué haríamos sin subvencionar el cine, el teatro, la danza, la música o la literatura? ¿O qué pasaría si le metiéramos un tijeretazo a esos 7.300 millones que se destinan a las muy ineficientes políticas de fomento del empleo? ¿O qué sucedería si en lugar de reducir tan sólo en 1.091 millones el presupuesto del Ministerio de Industria lo redujéramos en 4.000 millones tan sólo suprimiendo las subvenciones a la industrialización, la promoción del turismo, la explotación minera o la internacionalización de las empresas?
Al parecer se nos caería España. Será que nuestra prosperidad debe depender de que los políticos mantengan su cortijo a costa de continuar explotando a su ganado; mejor imponerles los sacrificios a los sectores productivos del país que a los receptores de la gracia y de las dádivas estatales; preferible dilapidar nuestro futuro antes que obligar a algunos privilegiados a renunciar a su dispendioso e injustificado presente.