Tasazo y descentralización

Manuela Carmena ha dado temporalmente carpetazo a su intención de imponer tasas municipales sobre el turismo y los cajeros automáticos. Se trata de una retirada estratégica para no asustar al electorado de cara a las próximas elecciones generales, donde Ahora Madrid concurrirá como muleta ora de Podemos ora de Ahora en Común. Pero es obvio que la propuesta lanzada por el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, encaja perfectamente con el ideario del partido de izquierdas y que seduce a la mayor parte del equipo de gobierno e incluso de un PSOE que ya ha mostrado su apoyo matizado a la medida.
De entrada, parece claro que una tasa sobre el turismo o sobre los cajeros automáticos tiende a desincentivar la llegada de turistas o la instalación de cajeros automáticos, esto es, tiende a empobrecer a gran parte de los negocios locales y a dificultar la vida de todos aquellos ciudadanos que regularmente extraiga dinero de los cajeros. A todas luces se trata de un arbitrario mecanismo confiscador más implantado por las Administraciones Públicas —en este caso la administración municipal— que tiene injustos damnificados: del mismo modo que, con la excusa de estar ocupando un espacio público, se les cobra una tasa a los cajeros, por las mismas se les podría cobrar a los porteros automáticos de los bloques de vivienda o a los escaparates de los comercios. El pretexto es uno, el verdadero objetivo otro: engrosar las arcas municipales para gastar más.
Sin embargo, los argumentos aducidos por los políticos de Ahora Madrid y del PSOE para defender estas tasas no deben ser totalmente menospreciados. Por un lado, Ahora Madrid afirma que los cajeros efectúan un uso excluyente del espacio público por el cual, en consecuencia, deberían pagar. Asimismo, los turistas pueden suponer una ventaja para los comerciantes locales, pero a su vez pueden constituir una molestia para muchos residentes que ven su ciudad colapsar durante determinados meses. Por otro lado, el PSOE sostiene que la tasa sobre el turismo no penalizará esta actividad económica porque los ingresos obtenidos por el consistorio se reinvertirán en mejorar las infraestructuras turísticas de la ciudad.
Las ciudades son, en efecto, espacios colectivos sobre los que caben usos diversos y, por tanto, constituyen un foco de conflictos: ¿necesitamos más turismo? ¿Conviene instalar más cajeros? ¿Pueden ser las infraestructuras turísticas, sufragadas con tasas sobre el turismo, una buena inversión empresarial? Son cuestiones sobre las que no existe una respuesta cerrada y sobre las que, por tanto, es legítimo que haya opiniones diversas (probablemente todas ellas con un poso de verosimilitud). ¿Cómo gestionar tales conflictos sobre el uso de los recursos colectivos de una ciudad?
No existe una solución sencilla, pero probablemente la más acertada sea una que entronca con los principios del liberalismo: la descentralización. Si tenemos dudas razonables sobre qué solución es óptima para toda la ciudad de Madrid (¿Tasas sí o tasas no? ¿Turistas sí o turistas no? ¿Cajeros sí o cajeros no?), lo lógico es descentralizar el uso de esos recursos colectivos. ¿Por qué razón toda la ciudad de Madrid ha de padecer una tasa sobre el turismo? ¿Es que acaso todos los madrileños rechazan con igual intensidad la afluencia de nuevos turistas? ¿De verdad nos creemos que resulta necesario invertir en infraestructuras turísticas en toda la ciudad de Madrid, incluso en aquellas zonas donde mayoritariamente no deseen recibir un mayor número de turistas?
No: existe un remedio mucho más sencillo. Permitamos que cada distrito o cada barrio de Madrid establezca sus propias normas de convivencia y que estos distintos marcos normativos compitan entre ellos: si alguno de esos barrios, molestos por la afluencia de turistas, decide restringir enormemente esta actividad económica y, con posterioridad, sufre una notable merma de actividad y empleo frente a otros barrios que concentren un mayor número de turistas y de actividad, entonces tenderán a rectificar y a suprimir esas restricciones; si, en cambio, la imposición de tasas turísticas permite construir un espacio más agradable dentro del que vivir, entonces el resto de barrios tenderán a imitarlo.
La convivencia entre personas implica conflictos y la resolución de conflictos pasa, en primera instancia, por el respeto de las libertades de cada individuo, incluida su propiedad privada. Pero existen propiedades privadas que, por su naturaleza, suelen ser colectivas: las calles, las plazas, los parques o las alcantarillas. Y toda propiedad privada colectiva requiere de coordinación y de normas entre sus propietarios para asignarle alguno de los múltiples usos competitivos posibles. Justo por ello, es importante que la extensión de las propiedades privadas colectivas no sea gigantesca: cuanto menor número de copropietarios se hallen implicados, más homogéneas y coincidentes serán sus preferencias en cuanto al uso de esos espacios colectivos. Descentralicemos, pues, el gobierno municipal de Madrid: dotemos de mayor autonomía a unidades locales de menor tamaño. La libertad de experimentación, la prueba y el error que tan bien opera en los mercados libres, hará el resto. No a los tasazos centralistas de Ahora Madrid.

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