Aparte de por sus reiteradas mentiras y su muy socialista afán de mantener un Estado sobredimensionado a costa de machacar al sector privado, si por algo se ha caracterizado este Gobierno hasta la fecha ha sido su keynesiana inquina contra el ahorro. Nada más llegar al poder y aprobar una de las más salvajes subidas del IRPF de nuestra historia, el ministro de Hacienda justificó la elección de esta figura impositiva, y no de otras como el IVA, afirmando que el deseo del PP era que el consumo se viera lo menos afectado posible.
Desde entonces, los ataques al ahorro familiar y empresarial no han dejado de repetirse. La eliminación de casi todas las deducciones del Impuesto de Sociedades, la persistente acumulación de deuda pública o la ya mencionada elevación de los gravámenes sobre el ahorro hasta el 27% son sólo algunos de los ingentes agravios que nuestro gobierno ha perpetrado contra el ahorrador. Pero aquí no termina la historia.
Todo indica que el Gobierno está preparando dos nuevos rejonazos fiscales para los ahorradores: uno, la infame Tasa Tobin que castigaría la compraventa de acciones; el otro, mucho más inminente, la integración de las plusvalías a corto plazo (menos de un año) en la base general del IRPF (cuyo tipo máximo es el 56%) y no en la base del ahorro (cuyo tipo máximo es ya un excesivo 27%) como sucede ahora.
Un impuesto contra el ahorro a corto y a largo plazo
El ideólogo de ambos movimientos ha sido el devastador, keynesiano y anticapitalista ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien hace unas semanas fue preparando el terreno para esta nueva rapiña fiscal desatando una cruzada contra los especuladores; esa figura que tan resultona termina siendo para todos los gobiernos populistas del peor pelaje posible, ya sea el peronista, el zapaterista o el rajoyano. De hecho, hace unos días, el propio Mariano Rajoy, cuyos conocimientos de Economía no andan muy a la zaga de los de Zapatero antes de recibir las dos lecciones vespertinas, se ha sumado al carro de la demagogia pro-sablazo fiscal (qué inesperado) señalando que las ganancias de la inversión a largo plazo no pueden recibir el mismo tratamiento fiscal que las de la especulación cortoplacista.
Como si la inversión a largo plazo en mercados de capitales organizados pudiera funcionar medianamente bien sin una voluminosa especulación a corto plazo que les añada profundidad a esos mercados. Al cabo, supongamos por un momento que se prohíbe vender acciones antes de que transcurra un año desde la compra. De este modo, sólo los inversores con una cierta perspectiva largoplacista entrarían en el mercado. ¿Cuál sería la consecuencia de tal despropósito? Que cuando uno de esos inversores largoplacistas quisiera deshacer su posición vendiendo su paquete accionarial le sería extremadamente complicado encontrar una contraparte que quisiera comprársela: sólo si, como sucede en el mercado inmobiliario, el vendedor hallara en ese mismo momento un comprador, la transacción podría completarse de manera exitosa. En caso contrario, el vendedor con prisas por desprenderse de sus activos tendrá que acogerse a las escasas y mucho más bajas ofertas que en ese momento realicen personas no especialmente interesadas en comprar (bajando lo suficiente el precio, siempre se puede encontrar alguien dispuesto a comprar). En suma: sin especulación cortoplacista que dé continuidad a los a las transacciones largoplacistas que tienen lugar en el mercado de capitales, éste se convertiría en un lugar mucho menos apetecible y arriesgado en el que participar. A saber, la inversión a largo plazo se vería perjudicada y se retraería: ésa misma inversión a largo plazo que Rajoy dice querer mimar y para lo cual sube los gravámenes de la especulación cortoplacista.
Una nueva mentira
En realidad, estamos ante una nueva mentira socialistoide de este Gobierno (una más): si su objetivo realmente fuera primar la inversión a largo sobre los movimientos a más corto plazo, bastaría con mejorar sustancialmente el tratamiento fiscal de las plusvalías a más de un año. De hecho, los dos ejemplos que puso Rajoy para ilustrar la procedencia de su sablazo impositivo –el sistema fiscal español antes de 2006 y el sistema fiscal alemán– apuntan precisamente en esta dirección.
Recordemos: hasta 2006, en España las plusvalías a corto plazo se integraban en la base general del IRPF, mientras que las plusvalías a más de un año tributaban a un tipo fijo del 15% (y no a una horquilla entre el 21% y el 27% como sucede ahora). Asimismo, hasta 2009, en Alemania las plusvalías a corto tributaban según la base general, mientras que las plusvalías a largo estaban exentas (ahora mismo, está vigente un tipo único para ambas que llega hasta el 30%). Es decir, aunque el trato que le daba a la especulación a corto era negativo y restaba negociabilidad a los mercados, al menos la inversión a largo se veía beneficiada con tipos muchísimo más bajos que los actuales: lo inconcebible es pensar que se va a promover el ahorro y la inversión a largo plazo persiguiendo fiscalmente los movimientos a menos de un año y manteniendo una tributación sangrante sobre las transacciones a largo.
Rajoy y los suyos prosiguen, pues, tratando de engañarnos a todos, pero especialmente a aquellas personas que más podrían contribuir a sacar a España de la crisis: los ahorradores que han de optar entre invertir sus capitales en nuestro país o llevárselos al extranjero. España necesita urgentemente de más ahorro e inversión, esto es, de la piedra angular del capitalismo. La misión de este Gobierno debería ser, pues, la de crear un marco institucional estable, libre y no confiscatorio para lograr atraerlos en grandes cantidades. Por el contrario, tratándolos como a estúpidos maleantes que deben ser desplumados por la voracidad recaudatoria del Ejecutivo, lo único que contribuiremos a hacer será a ahuyentarlos (que es justo lo que están haciendo en masa desde que Rajoy llegó al poder). Confianza, decía el PP que iba a traer a España: será la confianza en saber que nos arrastran al desastre.
