Un nuevo ataque socialista a la concertada

El 25,9% de todos los alumnos que cursan en España enseñanzas de régimen general atienden a un colegio concertado (a los que hay que añadir el 6,9% que asiste a privados no concertados). Estamos hablando, pues, de 2,11 millones de estudiantes que en el conjunto de nuestro país se están educando en la concertada (más 560.000 que lo hacen en la privada no concertada). En algunas autonomías, de hecho, el peso de la concertada (y de la privada no concertada) todavía es más importante: en el País Vasco, el 48,4% asiste a la concertada (y el 0,8% a la privada no concertada), mientras que en Madrid el 30,1% acude a la concertada (y el 15,6% a la privada no concertada). Además, las escuelas privadas (concertadas y no concertadas) proporcionan empleo a 205.241 profesores de los 701.373 que actualmente imparten clase en nuestro sistema educativo. Y por si todo lo anterior fuera poco, el coste medio para el Estado de sufragar una plaza en una escuela concertada es sustancialmente inferior al de la escuela pública: en particular, 2.900 euros por alumno y año en la concertada frente a 4.200 en la pública. Es verdad que estas cifras no son plenamente homogéneas debido a que no estamos comparando centros educativos con un tamaño similar (los colegios ubicados en municipios pequeños suelen ser mayoritariamente públicos, lo que tiende a elevar el coste medio de las plazas públicas), pero aun así podemos observar diferencias de más del 10% en el coste de la plazas públicas y privadas en regiones tan densamente pobladas como la Comunidad de Madrid.

Incuestionablemente, pues, la última ofensiva del Gobierno socialista de Pedro Sánchez contra los padres que matriculan a sus hijos en escuelas concertadas es un ataque no sólo a uno de los pilares del modelo educativo actual de España —la escuela concertada— sino ante todo a la libertad de elección de los padres en materia de enseñanza: en particular, el Ministerio de Hacienda pretende que estos contribuyentes devuelvan las donaciones que estuvieron entregando a fundaciones vinculadas con escuelas concertadas bajo el argumento de que, en realidad, no eran donaciones, sino cuotas encubiertas que buscaban cubrir parte del coste de la matrícula de los centros concertados. Como decimos, muchas de esas donaciones sí eran genuinas donaciones que nutrían a las fundaciones vinculadas a colegios concertados, de modo que la justificación para restringirlas —y, sobre todo, para retirarlas retroactivamente— no parece tener demasiado fundamento más allá de constituir un ataque político (el enésimo, por parte de los socialistas) contra la escuela concertada. No obstante, y trascendiendo la polémica actual, sí deberíamos plantearnos la conveniencia de introducir dentro del IRPF auténticas desgravaciones por pagos efectuados a la escuela privada: cuando un ciudadano decide llevar a sus hijos a una escuela privada —soportando personalmente una parte o la totalidad del coste de la matrícula— está descargando al Estado de tener que proveerle una plaza en la escuela pública: de ahí que sería del todo lógico permitirle que se dedujera fiscalmente los pagos efectuados para renunciar a un servicio público que no le será provisto. Lejos de perseguir fiscalmente la elección parental de la escuela privada, deberíamos empezar a bonificarla.

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