Un recorte de gasto alternativo al sablazo fiscal de Sánchez

A largo plazo, los gastos públicos han de ser iguales a los ingresos públicos. Se llama ‘restricción presupuestaria’: nadie puede gastar sostenidamente más de lo que ingresa. Durante un tiempo, el desfase entre ambas magnitudes puede cubrirse emitiendo deuda pública, pero, al final, el contribuyente tiene que pasar inexorablemente por caja para financiar los desembolsos del Estado.

Pedro Sánchez ya manifestó, desde su etapa como jefe de la oposición, su clara voluntad de incrementar el gasto público dentro de España hasta equipararlo a niveles europeos: es decir, aumentar el tamaño del Estado español en un mínimo de 50.000 millones de euros que, inevitablemente y como ya sucede en el resto del Viejo Continente, recae sobre los hombros del conjunto de contribuyentes (entre quienes sobresalen las clases medias).

Su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 avanza indudablemente en esta dirección: el gasto consolidado de la Administración central y de la Seguridad Social se eleva hasta los 345.000 millones de euros, un 5,3% más que en 2018; un 10% más que cuando arrancó la recuperación (2014), y un 28% más que antes de empezar con la crisis (2007). Si eliminamos de estas cantidades las transferencias a las comunidades autónomas (algo especialmente necesario para poder efectuar comparaciones con los años anteriores a 2010, cuando el sistema de financiación autonómico fue modificado), el incremento del gasto consolidado de la Administración central y de la Seguridad Social con respecto a 2007 asciende al 39,5%: y dado que la inflación acumulada durante este periodo es solo del 18,6%, los Presupuestos de Sánchez suponen para 2019 unos desembolsos un 17,6% superiores que antes de arrancar la crisis.

Más Estado que, inexorablemente, se traduce en la necesidad de mayor extracción recaudatoria: no solo merced a un crecimiento económico que proporcionará, por su propia dinámica, unos mayores ingresos a las arcas del Estado, sino también por la creación de nuevos impuestos que socavan las mismas bases de la creación de riqueza en España. A saber, subida del impuesto sobre sociedades por la vía de limitar las exenciones que redundará en una menor inversión corporativa; creación de un impuesto sobre las transacciones financieras que reducirá la liquidez de los mercados financieros; impuesto a los servicios digitales que ralentizará el ritmo de digitalización de la economía española; aumento del IRPF a las rentas altas que reducirá la oferta laboral de los trabajadores más cualificados de nuestra economía; incremento del impuesto sobre patrimonio que repelerá la inmovilización de ahorro global en nuestro país, y subida del impuesto sobre el diésel que, si bien podría ser una buena idea para combatir externalidades negativas, debido a su implementación no deja de ser una exacción de carácter arbitrario sobre las clases medias.

El Gobierno confía recaudar, merced a todos estos tan distorsionadores impuestos, 5.163 millones de euros; en cambio, la AIReF reduce la estimación de nuevos ingresos a un rango de entre 3.510 y 4.674 millones de euros. Se nos sugiere que tal incremento tributario es indispensable para avanzar hacia el equilibrio presupuestario, al tiempo que se reflotan otras partidas presupuestarias que llevaban varios años estancadas. Pero, aun cuando se quiera incrementar el gasto público en determinados ámbitos sociales, ¿es verdad que resulta indispensable machacar con más impuestos al conjunto de la economía productiva española?

No, dentro de las propias cuentas públicas impulsadas por Sánchez existen multitud de partidas dirigidas a proporcionar subvenciones y transferencias, o bien al consumo o bien a la producción, que en su mayor parte no hacen más que distorsionar las decisiones racionales que consumidores o empresarios deberían adoptar dentro de nuestro país. Se trata, pues, de partidas que por una mera cuestión de lógica económica, y no de necesidad financiera, deberían ser eliminadas: si, además, son partidas que se perpetúan mientras se disparan los impuestos a los generadores de riqueza españoles, tanto más disparatado el preservarlas.

Aquí pueden hallar un listado no exhaustivo de diversas rúbricas presentes en estos Presupuestos que no son más que dádivas clientelares a determinados colectivos sociales o empresariales (en muchos casos, organizados con propósitos lobísticos). No son las únicas partidas que personalmente creo que habría que eliminar o recortar de los Presupuestos, pero sí son algunas de las más llamativamente estériles o contraproducentes.

Incentivos regionales a la localización industrial59,9 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre1.265,7 millones
Otras subvenciones y apoyo al transporte terrestre333,6 millones
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo569,1 millones
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo186,4 millones
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías75,2 millones
Apoyo a la pequeña y mediana empresa145,1 millones
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios49,5 millones
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria30,9 millones
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones556,4 millones
Transferencias de capital para la ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información50,2 millones
Reconversión y reindustrialización879,1 millones
Promoción de la cinematografía100,3 millones
Promoción de música y danza101,7 millones
Promoción del teatro52,2 millones
Fomento y apoyo de las actividades deportivas203,9 millones
Fomento de las industrias culturalespromoción del libro y publicaciones culturales y promoción y cooperación cultural36,7 millones
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón43,4 millones
Explotación minera249,9 millones
Infraestructuras en comarcas mineras del carbón98 millones
Subvenciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres26,5 millones

El coste agregado de todas ellas supera los 5.100 millones de euros, es decir, la recaudación que el Gobierno de Sánchez espera conseguir del sablazo tributario contenido en los Presupuestos. Cada vez que lea que el Ejecutivo sube los impuestos a la economía digital, a los trabajadores cualificados, a las empresas más eficientes o a los ahorradores, recuerde que, en el fondo, se trata de una extracción antieconómica de rentas para mantener todo este entramado de subvenciones igualmente antieconómicas. Estamos encadenando a quienes generan valor para financiar los subsidios dirigidos a desincentivar que otros empiecen a generar ese valor.

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