Una nueva financiación para Cataluña y para España

La proximidad de las elecciones plebiscitarias en Cataluña y el elevado porcentaje de votos que, según todas las encuestas, obtendrán los partidos independentistas está llevando a crecientes sectores de PP y PSOE a proponer una revisión del modelo de financiación de la todavía comunidad autónoma española. El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha reclamado un sistema de financiación más justo y equitativo; y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, propuso cederle la totalidad del IRPF al gobierno catalán.
En cierto modo, parecería que, tras años de frontal cerrazón a demoler el injusto sistema de solidaridad intergubernamental, los partidos mayoritarios estén tratando de seducir a los votantes independentistas para que opten por continuar integrando la estructura administrativa española pero con mejores condiciones fiscales.
Mas semejante oferta extemporánea no sólo constituye un insulto hacia aquellos catalanes que durante años han reivindicado un cambio en el tramposo modelo de financiación autonómico, sino también para todos los restantes españoles que son víctimas de ese mismo modelo de financiación y cuyas razonables críticas han sido desdeñadas al no haber amenazado con iniciar un proceso de secesión política. ¿Acaso ha sido necesario empujar a muchos catalanes hacia el independentismo para que el sentido común impere en el ámbito de la financiación de los distintos niveles administrativos? ¿Acaso los ciudadanos del resto de España que habitan bajo el yugo de administraciones regionales mal financiadas carecen de idéntico derecho a disfrutar de esa misma ajustada financiación por el hecho de no promover sus propios procesos secesionistas?
Al margen de que la independencia del Estado catalán termine consumándose o no, el Estado español requiere de otro modelo de financiación radicalmente distinto al actual: un modelo basado en la descentralización del gasto y de los ingresos. Ahora mismo, el gasto público en España se halla repartido entre autonomías, ayuntamientos y gobierno central, mientras que los ingresos de todos estos niveles administrativos se redistribuyen internamente (en forma de transferencias entre administraciones). Como consecuencia, no existe una estricta corresponsabilidad entre ingresos y gastos: los políticos que (mal)gastan no son los mismos que recaudan, generándose en diversas administraciones territoriales el incentivo a sobreexpandir el gasto a costa de los contribuyentes residentes en otras regiones.
El sistema es, por tanto, un completo despropósito. Dejando de lado que la descentralización de los desembolsos públicos podría y debería ser muy superior a la actual (suprimiendo buena parte de las mercantilistas funciones residuales del Ejecutivo central y transfiriendo la mayor parte de las competencias autonómicas a los ayuntamientos para acercar la provisión de los servicios públicos a los ciudadanos), lo que en todo caso habría de suceder es que cada nivel administrativo sufragara sus gastos exclusivamente a partir de tributos propios sobre los que contara con plena autonomía normativa. Solo así lograríamos corresponsabilidad fiscal y que cada nivel administrativo viviera dentro de las posibilidades fiscales de su población.
Sin embargo, PP y PSOE llevan décadas enredando con modelos de financiación autonómica que sólo consagran la hipertrofia burocrática de las regiones más pobres de España así como el creciente resentimiento de los ciudadanos sobreexpoliados de las regiones más ricas. La pobreza y la falta de competitividad no se combaten con más gasto público y más intervencionismo normativo, sino con más libertad económica: pero las burocracias y la clientela electoral de regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha carecen ahora mismo de todo incentivo para adoptar tales reformas y dejar de ser regiones relativamente más pobres que el resto; no en vano, si lo hicieran dejarían de recibir las transferencias fiscales de las regiones relativamente más ricas y tales transferencias se han convertido en su modus vivienda.
Son esas burocracias y clientelas electorales sitas en las regiones pobres de España a las que PP y PSOE llevan contentando durante años parasitando fiscalmente a los ciudadanos de las regiones más ricas. El perverso objetivo de la casta política no ha sido otro que el de mantenerse en el poder comprando votos con dinero ajeno, todo lo cual ha dado alas civiles a la demanda de secesión de una parte significativa de esos “ajenos” con cuyo dinero se trafica. Con o sin los catalanes dentro del Estado español, éste nefasto modelo de financiación tiene que cambiar para todos y hacerlo de inmediato e incondicionalmente. Demasiado tiempo lo hemos soportado ya.

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