El Gobierno del Partido Popular parece decidido a presentar los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso a lo largo del mes de marzo; y, a su vez, el PSOE parece decidido a tumbárselos. El precario apoyo parlamentario del Ejecutivo, y la calculadora electoral de los socialistas, darán previsiblemente al traste con el borrador de las cuentas públicas, lo que obligará a continuar con la vigente prórroga de los presupuestos de 2016.
La no aprobación de unos nuevos presupuestos implicará una congelación de los desembolsos estatales al mismo nivel que alcanzaron durante al año anterior. En algunos casos, podría suponer más bien una reducción del gasto, dado que aquellas partidas que se destinaran en 2016 a objetivos ya alcanzados —por ejemplo, la construcción de una carretera— no se renovarán y sus fondos quedarán liberados (a menos que el Gobierno rechace ahorrarlos y opte por utilizarlos para desembolsos análogos).
Sin embargo, el ajuste del gasto esperable por esta prórroga presupuestaria es en todo caso bastante limitado, por lo que España continuará en el filo del incumplimiento de los objetivos de déficit. No en vano, a noviembre de 2016, el desequilibrio financiero del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzaba el 3,6% del PIB (en realidad, unas décimas menos, dado que esa cifra no incluye el previsible superávit de los ayuntamientos). A falta de conocer e incorporar el déficit que se haya gestado en el último mes del año (y que probablemente ronde, como mínimo, un 1,5% del PIB), España habrá cerrado 2016 con un déficit cercano al objetivo del 4,6% del PIB (acaso unas décimas por encima o unas décimas por debajo). Eso significaría que, para cumplir con Bruselas en 2017, necesitaremos recortar 15.000 millones de euros adicionales con respecto a 2016.
¿Cómo recortar 15.000 millones de euros adicionales con unas cuentas públicas que serán esencialmente las mismas que las de 2016? Según las previsiones que ha presentado el propio Ejecutivo, el PP no busca practicar ningún nuevo recorte: la cuasi totalidad de la minoración del déficit vendrá, de acuerdo con esas previsiones, de un incremento de la recaudación en cerca de 20.000 millones de euros. El pronóstico podría terminar pecando de optimista —como ha sucedido durante todos los ejercicios anteriores, motivo por el cual hemos incumplido año tras año con los objetivos de déficit—, aunque es cierto que en esta ocasión el Gobierno probablemente termine contando con una ayuda inexistente hasta la fecha: la inflación. Cuanto más aumenten los precios, más impuestos pagarán los ciudadanos en términos nominales y más rebosarán las arcas de Hacienda (y, de momento, el IPC de enero avanza a un ritmo superior al 3%).
En todo caso, un incremento de la recaudación en 20.000 millones de euros llevaría los ingresos totales del Estado hasta los 444.000 millones de euros: la cifra más elevada de nuestra historia (superando incluso la cota alcanzada antes de la crisis). Se constataría así el rotundo fracaso de todas aquellas promesas de reestructuración radical de nuestro sector público con las que tanto PSOE como PP concurrieron a las elecciones: recaudando más que en 2007, todavía arrastraremos un déficit superior a los 30.000 millones de euros (cuando en aquel momento contábamos con un superávit de 22.000).
En definitiva, a falta de unos presupuestos que se atrevan a reducir enérgicamente el gasto del Estado, bien está que éste se congele y que el aumento de la recaudación —fruto del crecimiento económico y de la inflación— nos ayude a continuar disminuyendo el déficit. Sin embargo, no dejará de ser una triste noticia el que, tras una década de crisis y de ajustes, hayamos sido incapaces de poner en vereda nuestro insaciable y desmesurado sector público.
